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Había pasado una semana desde el incidente de
la embajada mejicana en La Paz, Bolivia, y los medios de comunicación españoles
aún no habían caído en la cuenta de que la prioridad del gobierno español en
funciones quizás no había sido tanto proteger los intereses de Podemos como
futuro miembro de un gobierno de coalición, como mantener ocultas las
relaciones del pasado y el presente de un expresidente de Gobierno Rodríguez
Zapatero con dictaduras y narco regímenes sudamericanos. Relación mantenida
tanto en la actualidad como en tiempos anteriores, durante su presidencia. Una
relación de década y media que, como en el caso de Evo Morales y su escapada
desde Bolivia hacia Méjico, quedaba patente cuando éste pedía la mediación del
propio Rodríguez Zapatero entre el nuevo gobierno boliviano y el impresentable y
huido narco ex presidente Morales.
Hoy, 24 de enero de 2020, aún no ha hecho un
mes desde aquél chapucero operativo de extracción, más digno de una historia de
Mortadelo y Filemón que de un grupo de
operaciones especiales que goza de prestigio internacional, el escándalo del
intento de intrusión en la embajada mejicana en Bolivia se diluye entre otros
escándalos más recientes, en los que el público centra su atención. Como
escribí no hace mucho en este blog, la corrupción de hoy se pierde en la
memoria del pueblo, confundida con los sucesivos casos que en España se van
dando por obra y gracia de las castas dominantes e influyentes y sus abnegados
siervos, los medios de comunicación del sistema, los partidos políticos, y
otras gentes y colectivos colaboradores necesarios de la gran corrupción que
vive España. Aunque no deja de ser una especie de paradoja que ya nadie parece
recordar este curioso caso de intento de extracción clandestino precisamente
porque el escándalo en cuestión ha crecido en dimensiones y ha alcanzado a las
relaciones de ciertos políticos con los pasados y presentes gobiernos
comunistas de Venezuela.
Hasta el día de hoy, todos los medios
consultados han dado por hecho que los agentes que fracasaron en la operación
de extracción en la embajada de Méjico eran miembros del GEO (Grupo Especial de
Operaciones de la Policía Nacional). Cierto es que este grupo suele tener
destacados a sus miembros en las embajadas españolas repartidas por el extranjero.
Pero si examinamos detenidamente los acontecimientos relatados por los
diferentes diarios, radios y canales de televisión, y tratamos de centrarnos en
las noticias más “fiables”… podríamos plantearnos lo siguiente: ¿Y si no eran
GEOs quienes acompañaban a la agregada comercial y el cónsul de la legación
española?
El modo torpe de actuar de los encapuchados
que trataron de introducirse en la embajada de Méjico acompañando a la
encargada de negocios y al cónsul español no concuerda con el modus operandi de
un grupo experimentado en operaciones especiales. Todos ellos se presentaron a
las puertas del recinto en varios autos con la intención de llevarse de la
embajada mejicana a una decena de ex altos cargos del gobierno de Evo Morales. La
visita de la agregada comercial y el cónsul estaba agendada ese día en la
embajada mejicana, y es muy posible que la embajadora mejicana, cuyo gobierno
preside López Obrador, quien se ha significado en no pocas ocasiones como
partidario de los gobiernos iberoamericanos de izquierdas, tuviera concretas órdenes
superiores para facilitar la huida de los prófugos bolivianos partidarios de
Evo morales, tratando así de evitar que éstos no acabaran bajo la custodia de
las autoridades bolivianas.
El destino reservado entonces para los bolivianos
que iban a ser extraídos es aún una incógnita. Un destino que bien pudiera
haber sido una hacienda franca de algún adepto a Evo Morales en Bolivia, un
avión con destino a Méjico o a cualquier otro país cuyo gobierno simpatice con
el narcotráfico boliviano (Argentina, por ejemplo), o a la propia embajada o
consulado español como refugio provisional de contingencia. Ninguna opción es
completamente rechazable a día de hoy.
Pero el caso es que la operación de extracción
se frustró, y fue por la acción de un grupo de ciudadanos bolivianos que se
hallaban haciendo guardia en los exteriores de la embajada mejicana, sabedores
de que varios ex altos cargos partidarios de Morales estaban refugiados en el
interior. Estos ciudadanos alertaron a las fuerzas del orden locales, que se
presentaron casi inmediatamente, lo que abortó cualquier intento de seguir
adelante con la operación.
Al día siguiente, Ok Diario publicó imágenes
de los pasaportes “falseados” de los operativos que acompañaban al personal
diplomático español en los vehículos con los que se pretendía sacar a dos ex-ministros
bolivianos (Juan Ramón Quintana y Héctor Arce) que podrían facilitar
información de interés respecto al dinero supuestamente recibido por Podemos o
alguno de sus líderes. Al mismo tiempo, Ok Diario confirmaba que fueron cuatro
los GEOs que se desplazaron hasta la embajada de Méjico en La Paz. Como era
previsible, el gobierno español en funciones fue acusado de cometer injerencia
en los asuntos bolivianos, dejando, con toda razón, la imagen internacional de
Sánchez y su banda de secuaces sin escrúpulos por los suelos.
A día de hoy, este caso parece haber quedado
en punto muerto. Los pasaportes “falseados” publicados por Ok Diario mostraban
algo que la gran mayoría ignora, pero que forma parte del método normal de
trabajo de cualquier servicio secreto, oficial y no oficial, de cualquier país.
Los pasaportes y documentación expedidos para los agentes que se desplazan a
cualquier misión fuera del país son oficiales. Son perfectamente válidos,
aunque contengan nombres y datos que no son reales, con objeto de proteger la
privacidad de los agentes por razones obvias. Y las autoridades españolas,
desde mediados de los años 80, por hablar de historia reciente, ha extendido
pasaportes legales con datos falseados a agentes de diferentes servicios y
grupos especiales. Incluso ha facilitado pasaportes a agentes y colaboradores
extranjeros para misiones puntuales. Es un procedimiento que no tiene nada de
extraño.
Pero hay otra versión sobre el origen y
pertenencia de estos cuatro agentes que ciertos especialistas privados en
inteligencia no quieren desechar aún, y que plantea la posibilidad de que los
cuatro personajes, en realidad, fueran elementos externos no pertenecientes
oficialmente a ningún cuerpo de seguridad del Estado, o, al menos, al Grupo
Especial de Operaciones de la Policía Nacional. ¿Por qué esta hipótesis? Porque
para cierto tipo de operaciones en las que el patriotismo y la defensa de
nuestros intereses nacionales no son prioridad, ofrece más garantías para quien
ordena esas operaciones contratar operadores sin vínculos con cuerpos y fuerzas
armadas ni aparatos del estado. Y la misión de extraer a bolivianos de la
propia Bolivia para salvaguardar los secretos de las relaciones de Rodríguez
Zapatero con los narco estados Boliviano y Venezolano, desde luego, no es una
misión patriota. Es una burda y fracasada maniobra para tratar de frenar lo que
posiblemente constituiría uno de los mayores escándalos de las castas políticas
y empresariales españolas. Y no habría garantías de que todos los miembros de
un comando asignado para tal misión y formado por agentes españoles de las
fuerzas de seguridad del Estado no filtrasen información crítica contra un
expresidente y una serie de políticos que han humillado y despreciado en no
pocas ocasiones a la Policía, a la Guardia Civil y a los militares.
Representantes de Vox viajaron hasta Bolivia
para entrevistarse con las autoridades locales. Además, un reducido sector de
la prensa está tratando de desentramar una madeja de conexiones con el tráfico
de cocaína, partidos comunistas y paraísos fiscales de Sur América y Caribe que
comienza a salpicar al infame ex presidente Zapatero como una de las
principales figuras de una trama que existe, como mínimo, desde hace década y
media. Frente a Vox y esos escasos periodistas que investigan están el PSOE y
Podemos, que cuentan ahora con todos el poder del Estado, acompañados de la
gran mayoría de medios de comunicación, afines al nuevo régimen socialcomunista
que gobierna España y que actuarán como maquinaria de propaganda para
desprestigiar a quienes investiguen y entorpecer la labor de Vox, el único
partido político que hasta ahora planta cara abiertamente contra la corrupción
del sistema. De nuevo, como ya ha ocurrido con anteriores escándalos, esclarecer
la verdad no será sencillo. Previsiblemente, asistiremos a una guerra que
excede la ideología porque el verdadero fondo del asunto es la corrupción que
engloba el fraude, el narcotráfico y la financiación ilegal de ciertos estados
a ciertos partidos. Y esta guerra será dura y descarnada, aunque los ciudadanos
de a pie no lleguemos a conocer ni la mitad de lo que sucede, porque algunos
tienen mucho o todo que perder.
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