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No se puede negar que Pedro Sánchez adolece
completamente del sentido y respeto por la libertad. Principio que todo
político debería tener asumido por encima de credos, ideologías y disciplinas
de partido. Si algo ha demostrado este profesional de la pose e indigente moral
absoluto es que su ambición de poder no respeta límites y que, cuando parece
respetar alguno, es precisamente porque está planeando el mejor modo de
quebrantarlo causando el mayor daño posible.
El pseudo-doctor Sánchez ya ha formado gobierno
y algunos de los miembros de ese gobierno no aportan otra cosa que haber
trabajado en algún supermercado, haber elogiado públicamente dictaduras
comunistas, poseer un dudoso pasado relacionado con narcotraficantes, ladrones
y fundamentalistas asesinos, y mostrar
una asombrosa capacidad de engullir todo lo que declararon a voces en un pasado
no lejano con tal de formar parte de un gobierno de felones cuya retribución económica
les solucione sus vidas. Una capacidad de engullir solo comparable a la de una
anaconda comiéndose a otro animal, o a la de un político que traga lo que antes
había dicho con la misma sencillez que se guarda comisiones y prebendas en su
paraíso fiscal. Para otros miembros del Gobierno, su principal activo es haber
obedecido ciegamente a su partido, y en los últimos dos años, más concretamente
a Pedro Sánchez. En realidad, tal parece ser el único requisito necesario entre
los ministros socialistas del nuevo gabinete.
Aun con todo, y con la década y media pasada
que llevamos a cuestas desde que un salvaje atentado alzó al poder a Zapatero y
dejó el camino allanado para que Rajoy se revelase como el idóneo heredero del
anterior, la ingenuidad de no pocos
españoles, que ni aprenden en carne propia ni ajena, resulta ser no ya
llamativa, sino más bien desesperante.
El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal
General del Estado ha desatado toda una marea de críticas en las redes sociales
y en cierto tipo de prensa que, en demasiadas ocasiones, demuestran no ver
mucho más allá de titulares ni adivinar nada que no sea inmediato.
Para quien tenga memoria, Dolores Delgado fue
la última ministra socialista en funciones de la Cartera de Justicia. Una
ministra que en una democracia decente habría dimitido por iniciativa propia
cuando ciertos medios hicieron pública su “relación” de amistad con el
excomisario Villarejo, un indeseable puesto en evidencia por numerosas
filtraciones de sus grabaciones que, como en efecto dominó, sacaron a la
palestra actuaciones del exjuez Baltasar Garzón y a la propia Delgado en unas
conversaciones, digamos… “chocantes”, que desvelaban toda una trama de
espionaje contra políticos, jueces y empresarios.
Por descontado, Dolores Delgado no dimitió. O
no quiso ella, o Pedro Sánchez, entonces Presidente de Gobierno también en
funciones, no se lo permitió. Pocas semanas después el asunto quedó diluido y
olvidado con los siguientes escándalos políticos, porque, si algo es
absolutamente seguro e inevitable en España es que un caso de corrupción, a no
tardar, fácilmente será solapado y apartado por otro más reciente. Este país es
una máquina de producir casos de corrupción
de todo tipo. Si no es en la política, es en la banca, o en la Justicia, o en
el ámbito policial, o en el mundo de los medios de comunicación, o en todos
ellos entrelazados a un tiempo. No pasa una sola semana en la que no aparezca
uno, o dos, o tres escándalos de semejante índole. Y como esta sociedad, en
conjunto, parece tener una memoria muy limitada, termina por aparcar en el
olvido los sucesos más flagrantes hasta el punto de que sigue defendiendo y
votando a quienes los protagonizaron.
El nombramiento de Dolores Delgado ha
provocado la alarma contra la politización de la Justicia. Como si la Justicia
no hubiera estado politizada antes. Ya en los ochenta el indeseable socialista ex
vice Presidente del Gobierno, Alfonso Guerra, anunció a voz en grito aquello de
“Montesquieu ha muerto”, en clara referencia a que el principio de separación
de poderes que debería regir en una democracia había sido tocado y hundido a
iniciativa de Felipe González y su gobierno cuando el PSOE, en aplastante
mayoría en el Congreso, aprobó que los políticos pudieran elegir desde entonces
a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y desde aquellos días
hasta hoy son incontables las ocasiones en que jueces y fiscales han estado
bajo fundadas sospechas de actuar al dictado de los políticos de turno. Por
tanto, esta maniobra de Pedro Sánchez no debería sorprender a nadie.
La Asociación de Fiscales ha criticado
públicamente la actuación de Sánchez. Y poco más podrá hacer ante este
descarado intento de asalto a la independencia de la Fiscalía. Hay demasiados
interesados y demasiada basura que enterrar como para que una simple queja de
los fiscales pueda conseguir que el presidente del ejecutivo respete la norma
reflejada en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que especifica que un
Fiscal General del Estado no puede recibir órdenes ni interferencias del
Gobierno aunque sea un cargo nombrado por el Presidente. Una norma que se ha
violado en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Y la basura que el
gobierno y sus socios necesitan hacer desaparecer tiene diferentes nombres.
Puede llamarse tanto “blanqueamiento definitivo de ETA”, “concesiones al
independentismo catalán y a su red delictiva”, “protección de Rodríguez
Zapatero, además de otros significados socialistas de su gobierno y actuales
figuras relevantes de Podemos frente a las más que previsibles acusaciones del
nuevo gobierno boliviano por fraude, financiación ilegal y relación con el narcotráfico
liderado por Evo Morales…” En realidad cualquier basura que pueda obstaculizar
los planes globalistas y corruptos de Pedro Sánchez y el resto de los secuaces
de Soros.
Quizás, lo único medianamente gracioso de esta
jornada ha sido contemplar a Pablo Iglesias tragarse de nuevo sus palabras para
elogiar en esta ocasión a la misma Dolores Delgado de la que pidió su dimisión
cuando fueron publicados los audios de Villarejo en la que ella mantenía una
sugerente conversación con el excomisario y el exjuez.
El desastre para España parece asegurado. Nada
bueno se puede esperar mientras el destino de la nación esté en manos de
semejante banda de personajes. Hay quienes plantean la posibilidad de que esta
legislatura sea breve porque PSOE y Podemos comenzarán a apuñalarse a no tardar.
De nuevo, la cortísima y selectiva memoria historia española olvida que la
izquierda hace lo imposible por obtener el poder, y una vez conseguido, hace lo
imposible de nuevo para no perderlo.
Todo puede suceder pero, a buen seguro, las
intenciones de Sánchez son permanecer en el poder el mayor tiempo posible.
Hasta ahora, no hay mayor prueba de ello que el hecho de haber pactado para
formar gobierno con un partido con el que aseguró por activa y por pasiva que
jamás pactaría.
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