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No importa cuántas veces se pueda demostrar
que la inmigración ilegal es tanto un negocio como una encubierta estrategia de
invasión promovida por el globalismo y los distintos gobiernos de España.
No importa cuántas veces se revelen las
ingentes cantidades de dinero público que se dedican a subsidiar y ayudar a
inmigrantes ilegales.
Ni siquiera importa que las estadísticas
oficiales muestren cuántos delitos son cometidos por tantos inmigrantes
ilegales, ni parece importar que la gran mayoría de esos ilegales, tras ser
detenidos por la comisión de algún delito o falta, estén en la calle a las
pocas horas o días y libres para seguir delinquiendo.
No importa nada de eso, porque los votantes
siguen dando su apoyo incondicional a partidos políticos que, además de no
proponer en sus programas electorales ninguna medida destinada a cortar de raíz
este problema, apoyan de facto o con su silencio que los distintos gobiernos de
España sigan abriendo las puertas a un tráfico de personas cuyos objetivos
están muy claros, a tenor de las consecuencias que ya hemos podido observar
durante años.
Podríamos enumerar muchas de esas nefastas
consecuencias: encarecimiento del servicio y cierto colapso en no pocos centros
de salud, gasto estratosférico en pagas, alquileres, alimentación y otros
conceptos, incremento de la violencia y de los delitos.
No importa porque ayer, 10 de junio de 2020,
la clase política en conjunto dio una vuelta de tuerca más a la estrategia de
afianzamiento de la inmigración ilegal en España aprobando el ingreso mínimo
vital (IMV), con la previsible colaboración de los diputados de un Partido
Popular transformado en su momento por Mariano Rajoy en una copia azul del PSOE, y con la abstención cobarde de un Vox que en las
últimas tres semanas ha cambiado varias veces su opinión sobre la idoneidad del
IMV para, en el momento de la verdad, abstenerse y no comprometerse frente a la
opinión pública.
Lo que esta vuelta de tuerca consigue es
aumentar el ya de por sí grande efecto llamada a la inmigración ilegal y, por
añadidura, un mayor empobrecimiento de los contribuyentes españoles en una
economía sin incentivos que ahora, además, tendrá que soportar mayor gasto público
no para atender las necesidades de estos mismos contribuyentes, sino para
beneficiar a quienes ni nunca han vivido en España, ni nunca han cotizado en
nuestro sistema, ni dudarán en votar, cuando se les conceda el derecho a ello,
a quienes les han proveído de una prestación a la que en muchísimos menos casos
podrá acceder un español. Esta vez, ante los ojos de todos los españoles que se
consideran de derecha y centro derecha, el gobierno socialista/comunista ha
conseguido su objetivo con el apoyo sin disimulos de esa misma derecha a la que
detestan pero que pasta en los mismos prados de dinero público que la izquierda
y la ultraizquierda. España está gobernada por una casta de políticos corruptos
y degenerados.
En el vídeo se muestra un extracto de una
filtración de FRONTEX en la que se documenta cómo un barco en alta mar carga de
inmigrantes una patera antes de llegar a las costas españolas.
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