Apenas hace seis días que Iván Espinosa de los
Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, declaró que “el rey Juan Carlos I es
un ciudadano más y, por tanto, se tendrá que someter a la Justicia en el grado
o en la medida que tendría que hacer cualquier otro ciudadano”.
La excusa de los tres grandes partidos ha sido
aferrarse a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que se
fundamenta en la inviolabilidad del rey aunque éste haya dejado de serlo en
funciones, como es el caso de Juan Carlos I.
Vox lo ha vuelto hacer, y nuevamente por
motivos muy ligeros. Si el pasado 11 de junio acabó absteniéndose respecto a la
aprobación del polémico y ruinoso Ingreso Mínimo Vital después de haber cambiado
de opinión al respecto varias veces en los días anteriores, en esta ocasión
firma una de las peticiones para que se investigue el opaco pasado financiero
de Juan Carlos I, y acaba votando en contra de su aprobación precisamente para
impedir tal investigación.
En menos de una semana Vox ha vuelto a
comportarse como un partido de disidencia controlada que, en el momento
oportuno, acaba haciendo el juego al poder, para que todo siga igual y nada
cambie. Quizás, a fuerza de repetirse hechos como éstos, algunos puedan
convencerse de que quienes abandonamos Vox por motivos como los que han
sucedido recientemente, lo hicimos por coherencia y no por traición ni a unos
ideales ni a la nación.
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