Si de algo puede servir a los
aragoneses que Marcelino Iglesias sea el secretario de organización del partido
socialista y, por tanto, tenga que estar a diario en Madrid y aparecer
frecuentemente en los medios, será para que más españoles puedan valorar qué
tipo de político han tenido y tienen aún los aragoneses como presidente
autonómico por tantos años.
Iglesias ha declarado, sin ningún
pudor, como suele ser lo normal en un político, que a él no le parece que ellos
mismos, los políticos, tengan privilegios. Personalmente, opino que leer tales
ideas de Marcelino Iglesias es como conjeturar sobre la honradez del gobierno
socialista: tiempo perdido o afán de creer en lo increíble. Puede que ambas
cosas.
En realidad, que el secretario
general del PSOE incurra en semejantes ofensas a la inteligencia y la
honestidad, y que lo haga reiteradamente y a cara descubierta, no pasa de ser
una muestra de lo que la política española, reflejo en ocasiones de la sociedad
española, ofrece a la vista de todos.
La política española, con la
participación inestimable del electorado, es un muestrario de incongruencias.
Un escaparate de corrupciones en toda la extensión de la palabra. Desde los
políticos que ocupan cargos públicos para enriquecimiento personal, hasta los
que detentan cargos para servir mejor su partido y secta política
correspondiente.
Desgraciadamente, el cáncer de la
política española ha avanzado en plena metástasis hacia todo lo que existe a su
alrededor; y la consecuencia más dolorosa de ello es que no existe la
separación de poderes necesaria para que toda democracia funcione. En realidad, tal separación de poderes nunca ha
existido en la práctica desde el inicio de la supuesta democracia española.
Ahora bien, si al principio de esta etapa “democrática” la intervención del
poder político sobre los poderes del estado era más soterrada (si puede decirse
de ese modo), en la actualidad los gobernantes ya no parecen sentir la
necesidad de disimular sus tropelías. Yo estoy absolutamente convencido de que
si la casta política ha llegado a los actuales límites de descaro es, en buena
parte, porque no se han encontrado con el reproche frontal de la ciudadanía,
tal y como se expresa en la carta de un buen amigo que transcribí y de la que
comparto punto
por punto.
Recientemente ha sucedido algo
que confirma otra vez hasta qué punto las vidas política y social españolas
huelen a podrido: María Teresa Fernández de la Vega, hasta hace muy poco
vicepresidenta del gobierno de todos los españoles y ahora miembro vitalicio
del Consejo de Estado, ha visto como la querella criminal que interpuso contra
el diario La Gaceta del grupo Intereconomía, ha sido desestimada por
recomendación del fiscal al no apreciar éste indicio alguno de delito en la
información que dicho diario publicó respecto al empadronamiento irregular de
la entonces vicepresidenta del gobierno en la Comunidad Valenciana y posterior
– e irregular por tanto - presentación
como candidata a la presidencia de la comunidad durante las pasadas elecciones
autonómicas.
De la Vega no solo arremetió
entonces contra el diario Gaceta, personificando su ataque con una querella
contra dos máximos responsables de la publicación. En diferentes entrevistas en
medios afines al PSOE, acusó a la derecha española de urdir una trama de
conspiración y acoso hacia su persona, a la vez que se presentaba como víctima
del derechismo rancio heredero del franquismo; argumento habitual en este tipo
de situaciones.
Escasos días atrás, la justicia dio
la razón al diario y sus periodistas al dejar claro que en los artículos
publicados no existe delito; o lo que es lo mismo: los artículos son verídicos
y demostrables en base a la documentación presentada por los redactores.
Esta información, más importante
y grave de los que pueda parecer a simple vista, ha puesto de manifiesto lo
siguiente:
La ex vicepresidenta del Gobierno
de España, María Teresa Fernández de la Vega, fue, cuando menos, políticamente
corrupta durante su servicio en la vicepresidencia del gobierno.
La ex vicepresidenta del Gobierno
de España, María Teresa Fernández de la Vega, pretendió servirse de la justicia
y de los recursos del estado, al que contribuimos todos los españoles,
querellándose contra un periódico aún a sabiendas de que sus argumentos para su
defensa eran absolutamente falsos.
La ex vicepresidenta del Gobierno
de España, María Teresa Fernández de la Vega, forma parte del consejo de
estado, en calidad de cargo vitalicio, cobrando sueldo aproximado de 70.000€
anuales, además de lo que le corresponda por haber sido vicepresidenta, sin
haber sido sancionada ni apercibida por su gobierno ni su partido ante estos
los hechos.
La ex vicepresidenta del Gobierno
de España, María Teresa Fernández de la Vega, viene a ser un ejemplo más de
cómo un político, si dispone de los medios e influencias suficientes, puede
delinquir y hacer uso de la justicia a su antojo, sin tener que responder por
las consecuencias de sus actos.
El sobreseimiento de la querella
interpuesta por la ex vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa
Fernández de la Vega, solo ha sido publicado por el propio diario afectado, La
Gaceta, y por Libertad Digital. Para el resto de los medios españoles, silencio
absoluto.
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