5.6.18


UPyD, cuando tenía representación parlamentaria, fue el único partido político que se negó a participar en el reparto de miembros del Consejo General del Poder Judicial. La negativa de Rosa Díez y su partido, en lugar de anecdótica en la política española, debería haber sido lo habitual para todas las formaciones, pero siempre ha sucedido todo lo contrario. PSOE y PP, los dos partidos más corruptos de la democracia española, siempre han manejado al CGPJ a su antojo.

Siempre he defendido que la separación de poderes debe ser real y efectiva. De otro modo, los ciudadanos no tenemos absolutamente ninguna garantía de que la justicia sea verdaderamente objetiva. Y en España, para desgracia nuestra y alivio de corruptos, la justicia está mayoritariamente dirigida por intereses de partido.

Siendo este el panorama general de la judicatura ante ciertos casos de corrupción, era de esperar que la juez Alaya fuera presionada y finalmente retirada de las causas contra la corrupción desbocada que invariablemente sufre Andalucía bajo el mandato socialista. Para ciertos intereses no es suficiente que, en comparación con las tramas delictivas del PP, el caso de los EREs esté pasando bastante desapercibido en los medios. Necesitaban retirar a la Juez del tablero de juego, dado el tesón con el que esta valiente mujer se ha enfrentado a presiones políticas y de su entorno de la judicatura.

En el siguiente artículo de El Mundo la juez Alaya habla del control político al que está sometido el poder judicial. Hasta ahora tal denuncia era solo cosa de periodistas. Pero una juez se planta y habla claro.

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