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Mientras media España se
desvela porque Isabel Pantoja salta al mar desde un helicóptero (salto de
escasos metros, no vayamos a pensar ahora que la Pantoja es Rambo con bata de
cola), sigue creciendo el número de españoles que fallecen sin recibir las ayudas
prometidas por una Ley de Dependencia que no se aplica casi en la mitad de los
casos por falta de presupuesto.
Una falta de presupuesto
que no sería tal, si el dinero que el estado reparte entre las comunidades
autónomas fuera destinado a mejores fines de los que acaba asignado por obra y
gracia de los gobernantes autonómicos.
Es muy revelador que en las comunidades autónomas donde más corrupción existe,
mayor es el número de dependientes que han fallecido teniendo aprobado recibir
las ayudas que propone la Ley de Dependencia. El
finado ha vivido con severas limitaciones hasta su muerte, sus familiares han
compartido la angustia de la enfermedad y la discapacidad, y la administración
pública se ha ahorrado el dinero que debería haber asignado a un enfermo que al
fin y al cabo no ha sido otra cosa que un número parte de una molesta y comprometedora estadística que es mejor
ocultar.
¿Cuál es la vinculación
entre corrupción y enfermos desatendidos? El dinero. Siempre es el dinero.
Seguramente, en cada comunidad autónoma que se ha incumplido en gran medida y
por sistema la Ley de Dependencia, el dinero es el motivo. Un dinero, cientos de millones de Euros, si no miles, que han sido habitualmente desviados para fines
ideológicos que, en definitiva, no dejan de ser intereses particulares de
ciertos grupos de poder.
El caso de Cataluña es
uno de los más sangrantes. Desde hace años, los investigadores de las fuerzas
de seguridad del Estado vienen detectando y documentando el presunto desvío de
fondos de dinero público proveniente del Estado central con claras asignaciones
a infraestructuras, sanidad, Ley de Dependencia, educación…, dinero de todos
los españoles del que hay sobrados indicios cono para sospechar, según esas
investigaciones, que ha sido destinado a sostener económicamente a diferentes medios y organismos
independentistas que luego se ven incapaces de justificar la generosa
financiación de la que disponen. Sucede exactamente lo mismo con ciertos
personajes concretos de ese independentismo, cuyo mejor ejemplo es Jordi “yoda”
Pujol, patriarca de un clan que no puede justificar su desmedido incremento
patrimonial, tanto en la España que odia como en ciertos países de Hispano
América
Así, mientras el gran público se indigna viendo cómo
Puigdemont y toda banda lanar mueven cantidades de dinero exorbitantes y en
apariencia inagotables, pocos se preguntan a dónde han ido a parar los recursos
destinados a atender las necesidades de casi 11.200
personas residentes en Cataluña que fallecieron entre los años 2013 a 2017
esperando unas ayudas que nunca llegaron. Casi
11.200 fallecidos reconocidos por el gobierno catalán, que durante ese
periodo destinaba millones de Euros a mantener, por poner tan solo dos
carísimos ejemplos, al independentista canal TV3 y a las “embajadas” catalanas
instaladas por el gobierno autonómico en las ciudades más influyentes de Europa
y Estados unidos. Los independentistas prefieren culpar a los recortes de los
gobiernos de Rajoy y de Artur Más por la falta de medios para la asistencia de
dependientes, pero no hallan excusas convincentes cuando se les pregunta por
qué, frente a esos recortes, no se han cerrado esas carísimas “embajadas” o no
se ha recortado también el voraz presupuesto de un canal de televisión cuyo
nivel de déficit solo es comparable a su eficacia en defender el
independentismo catalán. Sin embargo, con todo lo apabullante que pueda parecer
esta cantidad de 11.200 muertos entre 2013 y 2017,
la cifra total desde 2011 hasta el 30 de enero de
2019 supera los 24.700 muertos. 24.700
muertos que no parecen importar demasiado a la mafia independentista que
se lleva el dinero público en crudo para seguir financiando su viaje hacia la
ruina de toda una región que hace tiempo dejó de ser una de las más avanzadas y
prósperas de Europa.
Otro caso brutalmente impactante es el de Andalucía; la
comunidad que durante décadas ha ostentado, hasta que el distintivo le fue
arrebatado merecidamente por Cataluña, el título de región más corrupta y una
de las más económicamente deprimidas de Europa. Con el cambio de gobierno
autónomo, tras tres décadas y media de corrupta dictadura socialista, la Junta
de Andalucía reconoció a principios de este abril que los fallecidos esperando
las ayudas de dependencia ascendían a 27.658… solo
en los tres últimos años. 27.358 muertos sin
recibir ayudas mientras los mayores escándalos de corrupción económica
dentro de la política se han dado en esta comunidad andaluza. Miles de millones
de Euros defraudados a los españoles para alimentar y engordar a bolsas de votantes
socialistas y a fortunas particulares también adeptas al partido socialista.
Pero el caso de Andalucía es, si cabe, más grave que el de Cataluña, porque la
anterior Junta liderada por Susana Díaz
ocultó la existencia de otros 35.000 enfermos y discapacitados
que, siendo merecedores de las ayudas oficiales, ni siquiera figuraban en las
estadísticas que el gobierno andaluz ofrecía como datos oficiales contrastados.
Las cifras totales de los fallecidos en España esperando
por unas ayudas que no llegan son escalofriantes. Desde
enero de 2013 hasta marzo de 2018, cinco largos años, el total de muertos sin atención
previa llegó a 150.000. Una cantidad ingente de personas cuya
estadística viene a demostrar que la Ley de Dependencia nació y se desarrolló como
un proyecto social fallido. Un proyecto social que se inició con un alto
ingrediente de electoralismo, con no menos cantidad de demagogia y populismo y
con una escasez de medios que no auguraba otra cosa que un inmediato fracaso.
En gran medida, la corrupción política causa muertos a
millares, aunque los políticos responsables de semejante horror jamás tendrán
que rendir cuentas ante un tribunal. En un país de instituciones civilizadas y
garantes, los responsables indirectos de semejante
tragedia a buen seguro estarían procesados. Por motivos mucho menos
importantes, hemos visto dimitir a políticos extranjeros y algunos de ellos han
tenido que rendir cuentas ante un tribunal. En
España hay una larga tradición de disculpar al pillo, proteger al chorizo y
elevar a los altares al trincón más aventajado; pero cientos de miles de
familias siguen viviendo la tragedia de haber visto fallecer a sus enfermos y
mayores sabiendo que esos recursos que podrían haber aliviado los últimos años
de vida de sus seres queridos se destinaron a mayor
gloria del independentismo catalán, del totémico socialismo andaluz y a una
corrupción generalizada de la que nadie da cuentas y causa, terrible es
decirlo, más muertos que una epidemia.
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