Puede escuchar el texto al final del artículo
La sentencia del caso ERE que
condena a 15 altos cargos del PSOE andaluz entre un total de 21 culpables supone
un broche de oro a la historia de la sistémica corrupción socialista en la
región. 40 años; que se dice pronto. 40 años en los que un sinfín de delitos
por los mismos conceptos han quedado sin castigo porque nadie los ha
investigado, y que a estas alturas nadie investigará porque es inútil abrir
causas para delitos que habrán prescrito hace tiempo.
Según la sentencia, que se
puede descargar íntegra en este link, las condenas están basada en su mayoría en los delitos de malversación y prevaricación.
La relación de condenados, según el siguiente artículo de OK Diario fechado ayer,
19 de noviembre de 2019, es la siguiente:
Ok Diario:
Además del ex presidente de
la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel, han
recibido penas de prisión en la sentencia de los ERE cuatro ex consejeros y una
decena de altos cargos.
Griñán ha sido condenado
por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15
años y dos días de inhabilitación especial, mientras que su antecesor en el
cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación
especial.
La Fiscalía Anticorrupción
pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación
y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La
sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.
El ex consejero de la
Presidencia Gaspar Zarrías y la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena
Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por
prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación
por prevaricación.
Cuatro ex consejeros de la
Junta también han recibido penas de cárcel:
-El ex consejero de Empleo
Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e
inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día.
-El ex consejero de Empleo
José Antonio Viera y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, han sido
condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de
18 años y un día.
La Fiscalía Anticorrupción
pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por
prevaricación y malversación.
-La ex consejera de
Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de
cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía
Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por
prevaricación y malversación.
Junto a ellos, han sido
condenados el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, 7 años y un día de
prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; el ex viceconsejero de Innovación
Jesús María Rodríguez, 6 años y 2 días de prisión y 15 años de inhabilitación
especial.
Por su parte, el ex
viceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro ha sido condenado a 9 años
de inhabilitación especial.
En cuanto a los ex altos
cargos:
-El ex director general de
Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día
de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta.
–Juan Márquez, también ex
director general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y
18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les
pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y
malversación.
–Miguel Ángel Serrano, ex
director general de IFA-IDEA, ha sido condenado a 6 años, 6 meses y un día de
prisión y 17 años de inhabilitación especial.
Los ex secretarios
generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes
Medina, el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, y el ex
director de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenados por
prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la
Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación.
Sólo dos de los 21 acusados
han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla, el ex
interventor general de la Junta Manuel Gómez y el ex jefe del Gabinete Jurídico
Francisco del Río.
El hecho de que este exiguo
grupo de socialistas haya sido condenado, unos cuantos de ellos a penas de
prisión e inhabilitación y otros solamente a penas de inhabilitación, en
realidad, no deja de ser una burla y una afrenta para todos los españoles de
bien.
No es que esté mal condenar a
delincuentes. Es magnífico, sobre todo en los tiempos que vivimos. Pero que
apenas unos pocos indeseables personajes reciban su castigo mientras que miles
de beneficiarios de la ya tradicional corrupción andaluza siguen libres y
disfrutando de lo robado es absolutamente indignante. Como indignante es, si se
piensa detenidamente, el hecho de que a un tipo como Cháves, que está retirado
de la política, se le condene a inhabilitación para ejercer cargo público. Si
esto no es una burla al contribuyente, que me diga alguien qué es. Y siendo que
Cháves no es el único político retirado que recibe condena de inhabilitación,
lo cierto es que la sensación de vergüenza que uno siente al leer las
conclusiones finales de la sentencia es, cuando menos, apabullante.
Según las investigaciones
previas a la celebración del juicio, el total del dinero defraudado durante
tantos años por estos políticos faltos de principios y escrúpulos podría
ascender a unos 2.000 millones de €, prácticamente el triple de los 680
millones aproximadamente a los que se hace referencia en la sentencia como
acreditados. Además, lo que ha ido quedando demostrado durante todos estos años
de instrucción del caso y tal y como se ha visto reflejado en las sesiones del
juicio, el uso indebido de este dinero público no ha sido solo dedicado al
enriquecimiento personal de estos bandidos. Otros abundantes gastos tales como
compra y consumo de drogas, pago a prostitutas, viajes, u opulentos banquetes
también han sido acreditados. Y no se debe dejar de lado que los corruptos que
verdaderamente entienden de corrupción, los que han hecho de dicha corrupción
su desahogado medio de vida, saben muy bien que un corrupto que quiera
mantenerse en su cargo debe corromper a quienes tiene a su alrededor, no solo
para satisfacer envidias, sino para asegurarse que éstos no le denunciarán por algo
en lo que ellos también han caído. De modo que, ¿quién devolverá al menos
alguna parte de esa ingente cantidad de millones que se han desvanecido en el
correr de los años? Por supuesto, nadie devolverá nada. Incluso es muy posible
que los condenados de mayor edad a penas de prisión, como es el caso del ex
Presidente José Antonio Griñán, jamás lleguen a entrar en la cárcel, no solo
por su avanzada edad; también porque la condena no es firme y es de esperar que
buena parte de los condenados interpongan apelaciones aunque solo sea para retrasar
en lo posible el cumplimiento de las condenas recibidas.
La trama socialista de corrupción
en Andalucía ha quedado al descubierto, al menos en una pequeña parte.
Cualquiera que haya vivido en aquella región y se haya movido un poco por las
instituciones y lo público, como fue mi caso hace años, podría testificar que
el nivel de podredumbre que alcanzan las administraciones, entremezcladas con
el entramado socialista de colocaciones laborales y compra de voluntades, es
equiparable al de la mafia siciliana en muchos aspectos. Y seguramente lo más
grave de todo ello es que la aceptación del común de la población como algo
habitual y hasta deseable es casi total, desde la Andalucía profunda de los
olivares, las peonadas y la economía sumergida, hasta las ciudades y pueblos donde
el enchufismo en ayuntamientos y otros estamentos es el funcionamiento
generalizado en no pocos servicios públicos que, en demasiadas ocasiones, solo trabajan
eficientemente cuando sirven a ciertos intereses particulares. Una trama
corrupta cuya raíz misma es el criminal y delictivo partido socialista que en
2016 presionaba a la juez instructora para que archivase el caso ERE, cuya
sentencia, a día de hoy, ha retratado fielmente lo que en realidad es el PSOE
en Andalucía y expone ahora cómo el resto de los socialistas españoles excusan
una corrupción cuantitativamente mucho mayor que la del Partido Popular,
partido al que condenaron durante años, un día tras otro, por sus conocidos
casos también de corrupción que sirvieron de excusa para la moción de censura
que llevó al fraude-doctor socialista Sánchez a La Moncloa.
Una vez más, el resultado de
la Justicia sabe a poco. Una vez más, asistiremos al triste espectáculo que
supone presenciar cómo a muchos de los culpables les sale gratis, o casi
gratis, el haber delinquido y haber obtenido un provecho económico que jamás
habrían conseguido por sus propios méritos, porque la inmensa mayoría de ellos
ni siquiera reunía aptitudes suficientes para ocupar los puestos que ocuparon.
Una vez más, veremos a unos excusar a sus delincuentes y a otros recordando lo
que los primeros decían sobre otros delincuentes. Y otra vez más, ingentes
recursos públicos habrán ido a parar a los bolsillos de unos pocos mientras quienes
les encubren de uno u otro modo nos expolian a los españoles con la excusa de mantener
unos servicios públicos que no serían tan ruinosos si miles de millones de € no
hubieran desaparecido, y si nuestra nación no tuviera que soportar un estado de
las autonomías que alimenta a una ingente casta de corruptos que, más allá de
la quiebra económica continuada, han arruinado España hasta los cimientos de nuestra
sociedad.
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