Ciudad de Huesca, muy pocos días atrás. Un anciano, José Lacasa, policía local retirado, sorprende en plena calle a cuatro jóvenes orinando encima de un auto. Les recrimina su conducta y estos le dan una soberana paliza.
De los cuatro jóvenes, dos son mayores de edad. De 18 y 19 años. Cada uno de ellos ha sido condenado a 14 meses de prisión, al pago de indemnización a la víctima y al pago de las costas procesales.
Los otros dos, al ser menores de edad, quedaron bajo la custodia de sus padres tras prestar declaración.
Insistiendo en el principio de restitución que defendí aquí, me preocupa que estos cuatro asociales queden prácticamente impunes ante el delito cometido, ya sea porque unos son menores de edad, ya porque otros no tuvieran antecedentes penales, o porque se declaren insolventes para pagar las costas y la multa.
En general, me muestro contrario a que se haga responsables a los padres de los delitos de sus hijos menores de edad, porque me consta que no todos los menores delincuentes han sido mal educados por sus progenitores. He conocido algún caso de padres maravillosos que han enseñado principios correctos a un hijo y este ha preferido el mal camino, simplemente porque le atraía hacer lo malo. Por eso considero injusto que se generalice sobre la conducta de los padres, metiéndolos a todos en el mismo saco. En casos como estos, incluso yo prohibiría por ley el que los progenitores tuviesen que pagar indemnizaciones y costas, forzando, también de este modo, el que el delincuente deba hacer frente a su responsabilidad.
Yo votaría por una ley que obligara al delincuente menor a restituir el daño hecho con horas de trabajo social, o internamiento, si esto fuera procedente. Incluso si dicho joven tuviera alguna cuenta bancaria como titular, yo defendería que las autoridades embargaran la cantidad necesaria para satisfacer gastos necesarios. Dependiendo de la naturaleza del delito, tampoco permitiría la posibilidad de rebajar un solo día de condena por buena conducta. Creo que, con todo esto, y al margen de que el condenado volviera a delinquir en el futuro, este tendría muy claro que sus acciones tienen consecuencias a las que él, y no sus padres, debe hacer frente. De este modo se protege mucho más a la víctima, que tendría la sensación de que su agresor realmente está pagando por lo que ha hecho, en lugar de permanecer en casa de sus padres, castigado a no salir de su propia habitación equipada con televisión, Play Station, PC e Internet.
¿Le parece a alguien que yo soy un fascista por defender lo que recién he expuesto? Me es indiferente. Ante todo, el derecho de la víctima y la restitución, hasta donde sea posible, del daño recibido. Todo esto antes que preocuparme por la reinserción de un delincuente al que le importa un comino lo que ha hecho.
En cuanto a los mayores de edad, les aplicaría el mismo reglamento. Restitución a la víctima y a la sociedad contra la que atentan. Por el simple hecho de ser mayores, cosa que ellos creen que les da derecho a todo pero deberes hacia nada ni nadie, retiraría para este tipo de casos el librarse de prisión por no tener antecedentes. Creo que este beneficio no hace más que aumentar la sensación de impunidad del agresor y la desesperación del agredido. Incluso, si no está tipificado ya, yo consideraría un agravante el que la persona atacada sea un anciano, por su situación de mayor indefensión.
Le pido disculpas por insistir machaconamente sobre estos asuntos, que quizás no les interesen demasiado. Pero me sale de dentro el intentar transmitir lo que buena parte de la sociedad está demandando y que los líderes políticos no se atreven a abordar por temor a perder votos.
Mas datos en este artículo de Heraldo de Aragón. Les recomiendo los comentarios de los lectores, aunque alguno se exalta un poco.
