OPORTUNA LEY ANTITABACO


Se avecina otra bronca social que servirá como distracción momentánea frente al septiembre negro que se aproxima. Por un lado, los no fumadores, molestos con el humo del tabaco en los espacios públicos. Por otro, los fumadores habituales, quienes desde hace algunos años, han visto menguados sus derechos a fumar en cualquier parte donde les viniera en gana.


Trinidad Jiménez, responsable del Ministerio de Sanidad y Política Social, desentierra ahora su promesa de revisar la ley anti-tabaco, declarando que la sociedad española está madura para endurecer las condiciones del consumo de tabaco, prohibiéndolo en espacios públicos.


Esta iniciativa, incompleta porque no ataca el problema desde su raíz, parece más otra iniciativa de distracción que un empeño sincero de mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos. No aparece en los medios ningún resultado de encuestas que muestren si la sociedad está realmente “madura” o, al menos, minimamente interesada, en que el consumo de tabaco sea restringido en lugares públicos. Sin estos datos publicados, si es que dichas encuestas existen, el hecho de que una ministro del Gobierno socialista asuma que la sociedad está preparada para una u otra cosa resulta bastante revelador. ¿Cómo se decide que una sociedad está preparada para algo? ¿Podríamos medir el grado de preparación social frente a los resultados de una ley que no se cumple en muchos locales donde sí debería contemplarse el respeto a los no fumadores?


Declara la Sra. Jiménez que es necesario luchar contra el problema del tabaquismo, pero omite que tan importante es facilitar las cosas para que un fumador pueda dejar el tabaco, como el plantear definitivamente que una ley que verdaderamente se preocupa por el bienestar del ciudadano prohíba la venta de un producto que, sin ningún beneficio, sea, sin embargo, demoledor para la salud del consumidor y un grave y comprobado perjuicio para quien convive con el fumador. No deja de ser absurdo enarbolar el dato que hace referencia a las 55.000 muertes anuales provocadas por el tabaquismo en España, mientras las autoridades ni se plantean la posibilidad de acabar con la venta del producto que provoca dichas muertes. En la calle, dos formas de ver el problema estarán enfrentadas. Los fumadores contra los no fumadores. Pero también entrarán en juego los propietarios de establecimientos de hostelería, que defienden sus intereses defendiendo también a los fumadores, o los inspectores de sanidad, quienes parecen estar desaparecidos ante el incumplimiento reiterado de la norma en muchos bares.


De modo que, con esta ley, falsamente garante de la salud del ciudadano, y su supuesto endurecimiento, podemos esperar un par de semanas de polémica en los medios y en la calle, que distraerá algo la atención lejos del terrible problema económico y laboral que se iniciará en el próximo septiembre, mes que promete ser desalentador, no solo en las expectativas económicas y laborales en las que España aparece en el vagón de cola de los países desarrollados; también por la pésima imagen que ofrece la clase política, incapaz de transmitir confianza y entregada a luchas entre partidos. Un gobierno que ha demostrado su ineptitud para reconocer y paliar un problema gravísimo como la crisis económica, y una oposición acomplejada que se ha desecho del prestigio y la capacidad de quienes ya combatieron otra crisis anterior con éxito. Todo esto es lo terrible de la situación de España. Un gobierno inútil, acompañado de una oposición domesticada. Pero que no se note mucho. Lo importante ahora es que los fumadores no nos agobien en lugares públicos.


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