Hay algo que llama mucho la atención de los extranjeros que conocen España: nuestro altísimo número de funcionarios y otros empleados del sector público con relación a la población del país. Y no es para menos.
Las cifras son escandalosas. Mientras más de 1.100.000 empleados del sector privado perdieron su trabajo, con el consiguiente incremento en el pago de prestaciones por desempleo contra las arcas de la Seguridad Social, las administraciones públicas han contratado, durante el último año, a más de 109.000 personas. Dicho de otro modo más práctico, al tiempo que la actividad privada decae vertiginosamente, los recursos estatales, aportados por ciudadanos y empresas, sufren el doble impacto de tener que pagar más sueldos y más prestaciones por paro laboral.
Ahora, el total de empleados del sector público en España asciende a algo más de 3.050.000, sobre una población de 46 millones de habitantes, de los que una gran parte tienen que pagar sus impuestos, así como empresas y autónomos; impuestos que se verán incrementados próximamente bajo la excusa de la necesidad de recaudación que sufre el Estado, según las últimas declaraciones de Zapatero y varios de sus ministros. Seguramente, el dato más gráfico para comprender esta situación sea el porcentaje de trabajadores del sector público con respecto al total de asalariados en España: un 19,38%. Uno de cada cinco
¿Es realmente efectivo semejante número de trabajadores para el funcionamiento de las administraciones públicas? Si nos guiamos por la apreciación general de los ciudadanos, no. La mayoría de ellos tiene – tenemos – la visión de que ciertas administraciones son, en realidad, agencias de colocación para familiares, amigos y votantes, tal y como se aprecia en la vida municipal de muchos pueblos y ciudades. ¿Cuál es la traducción inmediata de tal situación? El partido que gobierna gana adeptos pagándoles con dinero público, pero la oposición no se atreve a denunciar con demasiada fuerza este hecho generalizado, porque eso es jugarse los votos del trabajador “enchufado” y de sus familiares.
La maquinaria del estado español en lenta de reflejos y de movimientos. Además consume demasiados recursos, muchos de los cuales podrían dedicarse al fomento del empleo privado y ayudas a las empresas y autónomos, colectivos que crean los puestos de trabajo rentables y productivos. Y por si faltaba algo, muchas partes de su mecánica se mueven casi exclusivamente por impulsos políticos.
Dejo para otra ocasión el relato de mi peripecia de ayer, acompañado por un buen amigo, en la que tuvimos que recorrer media ciudad, visitando tres administraciones autonómicas, para tratar de solucionar una situación que, al final, ni pudo solucionarse, y de la que ni siquiera pudimos obtener información necesaria. Lo más chocante fue que la funcionaria que más tiempo nos dedicó no dejó de jugar a un juego de Windows, ni cuando llegamos a su mostrador, ni durante la conversación, ni cuando nos remitió a otro organismo en el que “quizás” pudieran orientarnos.
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