DELINCUENCIA JUVENIL. CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DEL MENOR.

Hoy nadie puede negar que buena parte de nuestros adolescentes y jóvenes ya no son conscientes de que sus propias acciones deberían tener consecuencias. Es decir; que si agreden, roban, asaltan, violan o matan, no tienen porqué pagar mayor castigo que unos meses de internamiento en algún centro especial, libertad vigilada en sus propias casas y una posible bronca por parte de sus padres.

De acuerdo. Reconozco que no están del todo faltos de razón quienes claman por hacer responsables a los padres de un anormal que quema un autobús, que golpea al dependiente de un comercio, o que viola a una niña. Yo soy el primero en sentir rabia con cada uno de de estos casos, que saltan a titulares con la misma celeridad con que desaparecen de nuestros recuerdos. Pero hay un matiz que me preocupa, matiz del que nadie parece hacerse cargo.

¿Sería siempre justo hacer responsables civiles a los padres de un bruto incontrolado? Rotundamente no.

Seguramente todos conocemos casos de algún joven que ha vivido en una familia que, en el mejor de los casos, le ha enseñado el mejor modo de desvalijar la caja de un supermercado, o como cortar la cocaína del modo más rentable. Ante casos como este, no hay duda de que el propio entorno ha influido para crear un delincuente.

Pero reflexionemos sobre otros casos. Me consta, porque conozco algunas, que existen situaciones familiares de padres que se han esforzado en educar a sus hijos en principios correctos. Padres que no entienden por educar bien ni enseñar a golpes, ni tampoco acomodarse a que su hijo crea que su familiar mas querido en casa sea la TV. Padres que se han esforzado durante toda una vida para que todos sus hijos tuvieran lo necesario, entendiendo por ello el deber de proveer para su familia, tanto en lo material como en otros aspectos trascendentes. Y en esos casos a los que me refiero, algunos adolescentes, pese al entramado de principios de unión familiar, de afecto por el estudio y el trabajo, de responsabilidad y hábitos sanos, sienten preferencia hacia lo sórdido y lo malo.

En semejantes condiciones las leyes no pueden castigar a los padres por los actos de sus hijos. Sería exactamente lo mismo que culpar a alguien por los delitos de su hermano. Las leyes, que deben garantizar siempre los derechos del inocente, no pueden arremeter contra los inocentes padres de un asocial embrutecido.

Hace mucho tiempo que defiendo el siguiente concepto: El menor delincuente debe pagar siempre por sus actos malvados si está en edad de responsabilidad. Hablar a favor de esta tesis me ha merecido no pocos descalificativos por parte de personas con cierto modo de pensar, pero son esas mismas personas las que, en dos situaciones que yo recuerde, son las que se han vuelto completamente radicales contra jóvenes delincuentes cuando éstos les han perjudicado.

Bajo mi punto de vista, el menor no puede ser irresponsable de sus delitos, por el simple hecho de ser menor. Un niño de ocho años, edad en la que en la mayoría de los casos ya se posee un mínimo de responsabilidad para discernir entre lo bueno y lo malo, sabe perfectamente que pegar a alguien o robar en una tienda son malos comportamientos. Lo peor que se puede hacer, si esto ocurre, es crear en el joven delincuente la seguridad de a él no le sucederá nada, que no tendrá que cargar con las consecuencias de su acción, porque otros, sus progenitores, serán penados por las autoridades. Semejante error cometido por los adultos fomentará en el niño y el adolescente un sentimiento de impunidad que, posteriormente, será muy difícil corregir, precisamente por que el delincuente crecerá creyendo que todo le está permitido.

Frente a quienes piden que los padres se hagan cargo de los desmanes de sus hijos, pero más aún contra quienes pretenden sobreproteger al menor delincuente frente a sus responsabilidades, yo aseguro que es posible aplicar una ley justa y restitutiva frente a los delitos cometidos por esta nueva generación de asociales que protagonizan las noticias de los medios con demasiada frecuencia.

Si buscamos el ejemplo de un niño de catorce años que ha causado daños en una propiedad privada o publica, no habría peor castigo para él que tener que responder con su trabajo para la reparación del daño causado. Y si para esa reparación es necesario que este niño de catorce años tenga que trabajar dos horas diarias, cinco días por semana, ,durante siete años, para que el cómputo de su trabajo sea equivalente al destrozo causado, no veo la razón por la que nadie pueda asegurar que tal tratamiento pueda suponer una humillación para dicho niño; al contrario, es muy posible que, ya con veintiún años, y durante todo ese tiempo de esfuerzo, él haya tenido la oportunidad de aprender que, verdaderamente, sus actos tienen consecuencias, y los daños deben ser reparados, además de la labor ejemplarizante que todo ello pueda ejercer sobre otros individuos.

Normalmente, defender este punto de vista obtiene decenas de comentarios contrarios, por no hablar de insultos, por cada palabra de apoyo. Esta la otra cara de este horrible problema. Mientras por un lado los jóvenes delincuentes cargan con castigos consistentes en dos o tres meses de no salir con los amigos, con la lástima de desnaturalizados padres que, contra el juez, opinan que es una pena impuesta demasiado dura para sus hijos, otra parte de esta sociedad tarada en la que vivimos cree que imponer al delincuente un justo castigo es poco menos que una actitud fascista.

Ante nuestros ojos está el fruto de este modo de pensar y de actuar, esa actitud de esconderse ante una realidad que ellos han contribuido a crear.. Los padres que no conceden ninguna autoridad al profesor que les avisa que su hijo es un completo gamberro, son los que luego niegan a la policía que su hijo se emborracha y crea desordenes en las calles, aun estando registrado en un vídeo. Pocos años después son los que tolerarán, con su silencio, que sus propios hijos puedan ser maltratadores en su matrimonio, o cosas aún peores.

En definitiva, estoy completamente convencido de que si nos ponemos a corregir los problemas y errores que nos han llevado a la situación que vivimos hoy en día, no podemos pasar por alto la reforma de nuestro sistema legal y la educación de los padres, educadores y legisladores en verdadera responsabilidad. Creo que el concepto de “reinserción”, en el que algunos tanto hacen hincapié, no debe ser el principal en esta cuestión. Antes que reinsertar a alguien del que no se tiene a priori ninguna garantía de arrepentimiento, es necesario atender al agredido y procurar restituirle el daño recibido. Y esto, en España, no sucede tantas veces como sería necesario. En España, la víctima suele quedar con sensación de indefensión e injusticia, mientras contempla cómo su agresor es protegido por conceptos legales que evitan, precisamente, que éste tenga que hacer frente a sus responsabilidades.

Como segunda consecuencia, queda la desconfianza, bien ganada a pulso, que sienten los que han buscado amparo en las leyes y se han encontrado con la burla de los delincuentes que, incluso ante el juez, se jactan de ser menores para pagar por sus delitos.

Hemos oído muchas veces decir a ciertos políticos, justo después de haber sucedido alguna tragedia causada por niños o adolescentes, que no es bueno legislar “en caliente”. Pero son estos mismos políticos los que, en frío, tampoco son capaces de tomar decisiones que puedan costarles los votos de padres de conciencia tan elástica como la de muchos legisladores. En realidad no se trata tanto de legislar en caliente o frío, como de legislar con discernimiento y al margen de tópicos y extrañas pedagogías que parecen diseñadas por enemigos de la vida familiar.

Ahora, en este último párrafo, déjenme contarles un pequeño secreto. Escribí este artículo el 27 de mayo de 1998. Nada a cambiado a mejor desde entonces.

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