El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha declarado esta mañana que es ilegal aplicar un canon a la venta de
equipos de reproducción digital para proteger los derechos de los creadores.
La primera cuestión que se
plantean los consumidores españoles, que pagan dicho canon, impuesto por el gobierno socialista de
Rodríguez Zapatero para favorecer a la SGAE y a los artistas afines a las
campañas electorales del PSOE, es quién les va a devolver, cómo y cuando, el
dinero de más que han tenido que abonar al consumir los productos que fueron
grabados con semejante impuesto preventivo.
Como la gran mayoría de los
ciudadanos entendíamos en su momento, la creación y aplicación de este impuesto
atentaba contra un derecho fundamental del ciudadano, aunque tan solo fuera por
el cobro de unos pocos euros en cada compra. El hecho de que un gobierno cree
una medida impositiva, en previsión de que cualquier ciudadano pueda delinquir
al copiar y reproducir una obra que se halla bajo derechos de copyright, solo
encaja dentro de esquemas totalitarios. En un sistema social y económico libre,
nadie puede ser sancionado o gravado con un impuesto por si se da el caso de
que dicho ciudadano vaya a delinquir en el futuro.
Pero esta medida, ya de por sí
suficientemente coactiva, abrió la puerta a otra consecuencia peor como fue
dotar a la SGAE de una autoridad “policíaca” de la que hizo uso abusivo desde
los primeros días. Inspectores de la SGAE se multiplicaron por toda España para
presentarse y sancionar a Ayuntamientos, establecimientos de hostelería,
conciertos benéficos… exigiendo el pago de dinero, por derechos de
reproducción, del que algunos autores han denunciado no haber recibido ni un
céntimo.
El Tribunal de Justicia de la UE
considera que la aplicación de este impuesto – canon es injustificada por
indiscriminada. Dicho canon solo debería aplicarse a equipos y soportes con uso
específico para copias privadas.
Habrá que esperar la reacción del
gobierno de Zapatero y de la misma SGAE.
Noticia completa en La
Razón.
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