El asesino De Juana debe estar verdaderamente asustado por las declaraciones del ministro Bermejo, quien asegura que, o el especialista en regimenes y fotos de tripa hundida se porta bien, o el peso de la justicia le caerá encima.
El etarra, que a principio de 2007 protagonizó una mediática y calculada huelga de hambre con la que consiguió privilegios, saldrá a la calle el próximo día dos de Agosto. Habrá cumplido veinticinco años de condena, por asesinar a veintiuna personas. Si nos dirigimos por la frialdad de los números, De Juana habrá pagado 1,19 años por cada muerto. Un precio bien barato a la hora de valorar – si es que se puede valorar – la vida perdida de un ser humano y el sufrimiento causado a los de su alrededor.
Estoy convencido que, desde hace ya mucho tiempo, se impone la reforma profunda de la ley a la hora de luchar contra el terrorismo. No se trata solo de capturar a los culpables de los atentados, a los instigadores, a los colaboradores. No se trata solo de dejar fuera de circulación a organizaciones y medios afines que, con su dinero y propaganda, mantienen en pié a los terroristas. Hay que reformar la ley para la defensa del ciudadano inocente y de las víctimas del terrorismo. Nuestros gobernantes deben garantizarnos en lo posible la defensa de nuestros derechos individuales, así como el derecho de nuestra sociedad a sentirse protegida frente a los delincuentes peligrosos privilegiados por maniobras políticas de partidos afines, de jueces obedientes y periodistas pagados.
Para eso, una de las premisas que el partido gobernante y su imitación en la oposición deberían atreverse a tomar de una vez por todas, es perder el miedo a ejercer verdadera autoridad frente a los enemigos de la libertad. Autoridad que buena parte del pueblo está pidiendo a gritos y, ocasionalmente, otros sectores que necesitan hacerse pasar por “moderados” para mantener su cuota de votos. Ejercer autoridad a la hora de establecer principios innegociables, como los que estuvieron a punto de hacer caer a ETA antes del 11-M de 2004. Principios que no permitan reducir condenas ante ciertos crímenes. Principios que no se deje embaucar con políticas de reinserción de escaso resultado, como se ha demostrado en las últimas décadas. Y principios que castiguen de algún modo a quienes mantienen la imagen de respetar ciertos pactos, al tiempo de traicionarlos para dialogar con los terroristas mientras se es aún oposición, sin disponer por tanto de la autoridad necesaria.
La falta de estos principios, o su incumplimiento, derivan hacia la debilidad de la que hace gala el estado y de la que se aprovechan sin ningún pudor los asesinos y sus amigos. Los Resultados están a la vista. Son innegables, precisamente porque son palpables. De Juana estará en la calle, como un ciudadano más, cuando no merece otra cosa que estar encarcelado hasta el fin de sus días. Vivirá cercano a 5 damnificados por la bestialidad de ETA.
No solo se trata de la libertad inmerecida de los asesinos. Es igual de doloroso el agravio de los gobernantes a las víctimas, satanizadas desde el gobierno y su partido por haber ejercido su derecho a protestar. Derecho que deberían tener más reconocido aún, por haber perdido tanto como han perdido frente al fanatismo y la violencia de los que matan y quienes les votan.
