FISCALIA DE MENORES, 8000 DENUNCIAS.

He sentido verdadero alivio al escuchar esta tarde, en un programa de Antena 3 del que solo he visto unos minutos, la opinión de un experto en delincuencia juvenil que se mostraba en contra de justificar, mediante la consabida excusa del trastorno mental, el comportamiento de un indeseable de dieciséis años que amenaza, roba, insulta y maltrata a su madre. Es decir. Un tipo y una situación bastante habituales en nuestra sociedad desde mitad de los 90s, un una frecuencia alarmantemente creciente desde los últimos seis o siete años.

El comentarista en cuestión defendía la posición que la sociedad está demandando a gritos desde hace mucho tiempo. Que el delincuente juvenil pague las consecuencias de sus maldades, con todas las garantías jurídicas para su defensa, pero sin ser amparado constantemente por los absurdos planteamientos de la culpabilidad de la sociedad sobre las malas acciones del individuo.

Según él, durante el pasado año 2008 se dieron algo más de 8.000 denuncias en las distintas fiscalías de menores de toda España. Denuncias de los propios padres contra sus hijos, ante la imposibilidad de los primeros para hacerse con el control normal que deben tener los progenitores sobre sus hijos.

No hace muchos días, y por razones parecidas al comentarios de hoy, un Guardia Civil me comentaba cuántos casos había conocido de muchachos y muchachas que eran auténticos tiranos con sus padres. Que eso esta a la orden del día. Que muchos padres habían tenido que recurrir a Fiscalía de menores, mediante denuncia, para salvaguardar la seguridad de otros hijos menores y las suyas propias. Y que, en esos casos tan terribles, coincidiendo además con el comentario del comentarista de hoy en Antena 3, lo peor que se puede hacer en estos casos en los que se ha dado ya el difícil paso de denunciar al propio hijo, es echarse atrás y quitar la denuncia días después. Es entonces cuando el adolescente toma verdadera conciencia de que puede saltarse cualquier límite, porque sus padres nunca se atreverán a proceder contra él. Este final, que se da también en muchas de las denuncias interpuestas, causa desesperación en fiscales y servicios sociales, porque ellos son conscientes del perjuicio definitivo que se le ocasiona al menor, el cual, de este modo, asume el papel de intocable.

Es alentador que el Juez Calatayud no sea el único que se atreve a decir públicamente lo que muchos profanos a las leyes opinamos. Que la ley del menor es errónea en muchos casos. Que un menor delincuente no puede sentirse intocable, tal y como se creen muchos de ellos cuando amenazan con denunciar a padres y educadores si estos no se doblan ante sus exigencias. Que existen, o deberían existir, mecanismos suficientes para que un menor de edad asuma responsabilidades sobre sus actos. Que asuma las consecuencias de los daños que ha provocado.

Seguramente sería un buen principio reformar el sistema educativo para potenciar la excelencia del individuo por encima del igualitarismo que convierte al mal estudiante en vago experto y resta oportunidades a quien tiene posibilidades.

Hoy Europa está aterrorizada por el nuevo caso del adolescente que se ha suicidado tras matar a quince personas. Esto ha dejado de ser una rara excepción. No es extraño que se reproduzcan situaciones como esta dos o tres veces por año. Y el perfil de los agresores siempre es el mismo. Inadaptación, falta de hábitos saludables, desarraigo de la familia y desprecio por cualquier principio que pueda ser edificante para el individuo. Mientras tanto, muchos legisladores se esfuerzan por seguir socavando la autoridad familiar sobre los jóvenes, propiciando leyes, como la del aborto que propone la socialista Bibiana Aído, que colocan a los adolescentes ante la posibilidad de decidir sobre la vida de un no nato sin contar con el consentimiento paterno.

Quizás se trate de eso. De provocar desde distintos frentes que la familia quede relegada a un plano irrelevante.