Somos muchos los que sostenemos
que la justicia española, en líneas generales, está mediatizada y politizada.
Es muy amargo escuchar de boca de
un abogado que el resultado de un juicio que puede llevar la justicia o la
ruina a la vida de alguien dependa de cómo tenga el día dicho juez. Es terrible
comprobar cómo, dejando al margen los errores que pueda cometer un juez por ser
infalible como cualquier otro ser humano, hay ocasiones en las que la propia
justicia, por decisión de un juez, parece tomar partido por el asesino, el
violador, el ladrón, el agresor y el intrigante.
Normalmente, la apreciación
general del ciudadano sobre la legalidad en España es desfavorable. Por
supuesto, sería muy injusto asegurar que el sistema legal, la justicia en sí y
la totalidad de los jueces fallan en su totalidad. Pero los casos de errores
judiciales, de sentencias arbitrarias y de personalismo de algunos jueces en su
aplicación de la ley saltan a los medios demasiado habitualmente.
Casos como el de Garzón son los
más conocidos, pero en ámbitos más locales y menos conocidos por el gran
público también hay ciudadanos a quienes algún juez decide complicarles la vida
por simples motivos políticos o personales.
Caballero ZP, en su blog, publica
los detalles de un esperpéntico caso en el que José Luís de Valero sufre
persecución por haber gritado “¡Viva la Guardia Civil!”, frase que un juez
considera delictiva en un país como España en el que, sin embargo, se puede
homenajear a un Pablo Iglesias que no fue más que un instigador del exterminio
de clases, de atentados contra un presidente de España y de provocar buena
parte de la agitación social en la que basó su doctrina y objetivos
liberticidas.
