Para ciertos sectores radicales
españoles, los médicos no deberían poder ejercer su derecho a negarse a
practicar abortos ni eutanasia. Tal imposición suele venir dada por el afán de
dominio y control por parte de quienes suelen presumir de defender derechos y libertades,
enmascarando así su compulsión hacia el control social y político de la
población.
Estos sectores parten de un error
de base en sus reivindicaciones contra médicos objetores. Pretenden igualar la
intención de quitar vidas contra el derecho a respetarlas. La izquierda
española, apoyada por nacionalistas que buscan su propio interés político y
económico, ha logrado convertir en ley proyectos tales como facilitar el aborto
a menores de edad sin conocimiento ni autorización de padres y tutores, y asignaturas educativas que desautorizan a la
institución familiar y orientan a favor de intereses sociales que procuran
estar por encima de la propia libertad de las familias.
Ayer, 7 de octubre, la Comisión Parlamentaria
del Consejo de Europa respaldó a médicos y hospitales que quieran negarse a
practicar estos comportamientos contrarios a la vida y a la maternidad, al
desautorizar el Informe McAfferty; una propuesta a favor de obligar a médicos y
hospitales públicos a obstaculizar a cualquier precio el derecho a objeción
contra aborto y eutanasia.
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