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Ayer comenté en Facebook, un poco en
serio y un poco en roma, que el modo de actuar de las detenidas de la Asociación Infancia
Libre comenzaba a
recordarme a esas sectas mesiánicas paranoicas que secuestran y recluyen a sus
propios hijos, o al menos los aíslan del resto del entorno familiar.
Esta asociación, de la que Podemos toma
asesoramiento, está ahora en el punto de mira de la Policía Judicial y la
Fiscalía porque es el tercer caso en apenas unas semanas de una miembro de Infancia Libre resulta detenida
por incumplir reiteradamente el régimen de visitas impidiendo que el padre de
su hija pudiera visitarla. Esta tercera detenida, Ana María Bayo Villamil,
estaba en busca y captura ordenada por el juzgado correspondiente donde el
padre de su hija había interpuesto la friolera de 300 denuncias. Los dos casos
anteriores son aún más flagrantes, dados los cargos de secuestro contra las
madres que figuran en los sumarios.
Lo sucedido en estas semanas con esta
asociación, sus miembros detenidas y las acusaciones pendientes sobre ellas
hace pensar, como sospechan fuentes jurídicas y policiales, que estamos frente
a una trama organizada similar a la que la policía detectó un tiempo atrás compuesta
por un grupo de abogadas que proponían a sus “clientes maltratadas” presentar denuncias
falsas de malos tratos contra sus parejas.
Y aunque estas tramas conocen
perfectamente la realidad irrefutable de que en muchas ocasiones los
privilegios de la mujer pesan mucho más que la culpabilidad aún no probada de
un hombre, parece que al menos esta vez, uno de estos chiringuitos antisociales
y feminazis, curiosamente relacionado con Podemos, puede sufrir las
consecuencias de su asqueroso comportamiento y dar con algunas de sus miembros,
si no en la cárcel, sí al menos en la pérdida de la tutela y custodia de sus hijos,
a quienes vienen aleccionando en el odio a la figura paterna y convirtiéndolos en
arma arrojadiza con la que destruir las vidas de sus padres.
Ahora bien, si tomamos una sola de las
falsas denuncias que incluyen violencia contra la mujer y abusos sexuales
contra los hijos, y suponemos que el acusado es absuelto no por falta de
pruebas, sino porque el tribunal aprecia como demostrado que el acusado es
inocente de tales atrocidades, ¿Quién restituye el daño moral hecho al
denunciado? ¿Quién puede reparar los efectos de una inherente campaña de
desprestigio que discurre paralela a una denuncia así? ¿Quién puede devolver la
paz de ánimo que le fue arrebatada al acusado mediante semejantes falacias?
¿Quién puede aliviar el dolor y la posible depresión producidos por una
situación en la que el propio entorno del acusado le pone en duda y que puede suponer
la perdida de amistades y relaciones familiares que a veces ya no se recuperan?
Hay perjuicios que jamás pueden ser restituidos.
Ni con penas de cárcel que nunca se cumplen, ni con indemnizaciones que no se
pagan por la insolvencia de la falsa denunciante.
Quizás, el único modo de reducir estos y
otros delitos puede ser que el delincuente sepa que cumplirá íntegramente la
condena impuesta por un juez, que pagará por completo la indemnización y la
multa correspondientes aunque eso le lleve toda la vida, y que el abogado que a
sabiendas haya tramitado una denuncia falsa pueda ser sancionado y expulsado de
su profesión. Pero para esto haría falta una profunda reforma de algunas leyes
que nadie parece estar dispuesto a acometer. Una reforma de ciertas leyes que
muy pocos políticos tienen el valor de proponer en sus programas electorales.
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