CORRUPCION URBANISTICA EN ARAGON

Hay frases que por su significado, por su intención, o por ambas cosas a un tiempo, deberían enmarcarse en algún lugar público donde todo el mundo pudiera leerlas, reflexionar sobre ellas y dejar su propia opinión al respecto. Estoy casi seguro de que el mayor espacio de ese hipotético muro, que a veces imagino en medio de un prado, estaría ocupado por las ocurrencias de la clase política.

Una frase me tiene ocupado hoy. Una, absurda a más no poder. Excusa inservible, pueril e incluso ofensiva para la inteligencia de quien la oye.

El Sr. Biel, presidente del PAR y vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha dejado una sentencia que merece letras de molde. “Si todo el mundo lo veía venir, podían haber dicho algo”. Por favor. Que me hagan dos copias en mármol y oro.

Para mí, simple ciudadano, la pregunta es bien distinta. ¿Por qué la justicia no actúa de oficio más a menudo ante tanto caso de corrupción en los ayuntamientos del país?

Entiendo que un vecino cualquiera no denuncie por temor. La imagen que muchos percibimos de la justicia es suficientemente mala como para que cualquiera confíe sin pensar. Hasta al más pintado se le quitan las ganas de denunciar, sabiendo que lo más probable es que quien halla robado millones estará en la calle en poco años, riesgo que calculan muchos de los trincones que se mueven por los organismos públicos. Demasiadas veces solo queda la esperanza de que alguno de esos trincones que se sienta poco favorecido decida vengarse y tirar de la manta.

También soy consciente de que muchos vecinos de ayuntamientos sospechosos no denuncian porque no quieren. Prefieren que robe uno del partido al que votan antes de que lo haga otro de la oposición. Además, quienes desde el poder saben “hacerlo bien”, tejen una telaraña de favores mediante sueldos, plazas interinas, servicios contratados a autónomos y empresas y otros muchos privilegios encubiertos, de modo que medio pueblo está, de un modo u otro, con los pies en el fango.

Volviendo a mi pregunta anterior, formulada desde el desconocimiento de los engranajes de la ley, no comprendo como estamentos oficiales como Hacienda, que más parecen diseñados para ahogar al pequeño contribuyente, no pueden ejercer más control sobre la gestión municipal. Aunque, pensándolo bien, sería preferible que la propia Hacienda depurara primero los coladeros de dinero negro que tiene entre sus empleados, quienes multan a academias de enseñanza por cualquier motivo que encuentran, pero dan clases clandestinas a opositores sacando abundantes sobresueldos mensuales.

Sigo sin comprender cómo ningún inspector de Hacienda se mosquea cuando ve, por poner un ejemplo cercano, cómo un recién nombrado alcalde, con serias dificultades económicas en lo personal, puede marchar con toda su familia a veranear unos meses después a uno de los países más caros del mundo. Eso fue el comienzo. Cinco años después, renovado su mandato con más votos aún, a pesar de su comportamiento sospechoso, se atreve sin más a provocar a una concejal de la oposición por el hecho de pertenecer ella al mismo partido que la alcaldesa de La Muela.

Hoy, como muchos esperábamos, la investigación sobre este caso de corrupción en el ayuntamiento de La Muela se desvía al de Cuarte, otra población cercana a la capital, que también ha sufrido un desmesurado crecimiento urbanístico en la última década con el que no todos los vecinos están de acuerdo. Como me decía alguien esta mañana, espero que esto sea “un no parar”; aunque mucho me temo que esto parará cuando algún intocable esté a punto de ser tocado.